Aunque las autoridades crearon una comisión para atender el tema, la
entidad se mantiene como la más peligrosa en AL para ser comunicador.
Aunque el
gobierno de Veracruz asegura que la inseguridad y la violencia en el
estado han disminuido "dramáticamente" de 2010 a la fecha, periodistas
locales cuestionan esa afirmación y dicen que esta problemática es una
constante que afecta su trabajo cotidiano.
Esta situación ha sido documentada por organizaciones como Artículo
19, que a principios de 2014 catalogó a Veracruz como la entidad más
peligrosa en América Latina para ejercer el periodismo. Esto se debe a
los 10 comunicadores que han sido asesinados desde 2011 y a las decenas
de agresiones registradas por la agrupación, presuntamente cometidas
tanto por la delincuencia como por funcionarios públicos.
"Las autoridades estatales han dejado de proteger a la prensa para
que haga su trabajo en un contexto de seguridad (...) En términos
geográficos, de toda América Latina, por la extensión del territorio y
por el número de agresiones, Veracruz sigue siendo el estado más
peligroso", dijo en entrevista el director de Artículo 19
para México y Centroamérica, Darío Ramírez.
En 2012, luego de denuncias sobre agresiones a comunicadores, el
congreso local aprobó una propuesta del gobernador Javier Duarte para
crear una Comisión Estatal para la Atención y Protección de los
Periodistas, con facultades como ordenar medidas de atención o
protección para evitar la consumación de amenazas.
Sin embargo, reporteros locales consideran que el desempeño del organismo es ineficaz e insuficiente.
"Es un elefante blanco que simple y sencillamente no hace nada (...)
Se ha dedicado en los dos años que lleva operando a organizar cursos, a
traer exponentes, les pagan a los reporteros para que se vayan a los
cursos, les hacen comidas y ya", dijo Sayda Chiñas, periodista del
diario La Jornada.
CNNMéxico buscó a la comisión para conocer su postura sobre las
críticas a su labor, pero no obtuvo una respuesta de forma inmediata.
Las cifras
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra
de la Libertad de Expresión (Feadle), de la Procuraduría General de la
República (PGR), tiene registro de cuatro periodistas desaparecidos en
Veracruz desde 2010, año en el que el organismo comenzó a trabajar e
inició el mandato de Duarte. En ese renglón, es la entidad peor ubicada,
junto con Michoacán y Tamaulipas.
Además, desde ese mismo año las averiguaciones previas por actos
contra comunicadores han ido al alza: dos en 2010 —únicamente en el
periodo de julio a diciembre—, 11 en 2011, 13 en 2012 y 16 en 2013.
Hasta el corte del 31 de octubre pasado, en 2014 llevaba 15 casos, con
lo que suman 57 de 2010 a 2014.
Por separado, en su informe Disentir en silencio: Violencia contra la prensa y criminalización de la protesta, México 2013, Artículo 19 reporta decenas de agresiones y que ese año cuatro periodistas dejaron Veracruz por causa de amenazas.
A decir de la organización, este panorama adverso para quienes
trabajan en medios es similar al que se vive en Pakistán, uno de los
cinco países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, junto
con Iraq, Siria, Filipinas y Somalia, la mayoría de ellos con conflictos
armados.
Un contexto de violencia
Desde 2010, Veracruz registra altos índices de violencia atribuidos a
la actividad de grupos de la delincuencia organizada. Al respecto, el
gobernador Duarte afirma que el problema ha disminuido, pero si bien la
cifra de homicidios ha ido en descenso, la de otros delitos como el
secuestro va al alza.
Periodistas locales dicen que este contexto ha afectado su trabajo,
ya sea porque sufren amenazas del crimen o de funcionarios para que no
publiquen determinada información, o porque ellos mismos eluden ciertos
temas para evitar sufrir represalias.
"Hay cosas que no podemos manejar por seguridad misma de los
reporteros (...) No podemos hablar de una libertad de expresión al
100%", dijo Édgar Reyes, jefe de información de El Heraldo de Xalapa.
"La cobertura de violencia se ha minimizado absolutamente", coincidió Rodrigo Soberanes, reportero freelance en la entidad.
Casos en la impunidad
En marzo pasado, Artículo 19 reportó que seis de cada 10 agresiones sufridas por periodistas en 2013 presuntamente fueron cometidas por funcionarios.
Los comunicadores consultados coincidieron en esta
conclusión, y señalaron que padecen desde descalificaciones de parte de
servidores públicos hasta que políticos locales exijan a los dueños de
medios no tocar ciertos temas, pasando por la negativa de dependencias a
conceder entrevistas o dar información oficial y por amenazas de
policías.
"Les dicen (a los reporteros): 'Por eso luego los matan'", relató Chiñas.
Al respecto, los reporteros también se quejan de que sus denuncias
son minimizadas, lo que se refleja en que las autoridades se niegan a
relacionar un crimen con el trabajo periodístico de la víctima, sino que
lo atribuyen a un delito común.
Un caso emblemático es el de Regina Martínez, corresponsal del semanario Proceso asesinada en 2012. Según las primeras indagatorias, el crimen derivó de un robo, no de las investigaciones de Martínez.
Además, las autoridades estatales afirman haber capturado a uno de
los presuntos responsables, José Antonio Hernández, quien espera
sentencia definitiva, y otro hombre permanece prófugo. Sin embargo, Proceso y organizaciones civiles temen que el asesinato quede impune.
"Resulta muy sencillo agredir a un periodista o cometer algún tipo de
violación a sus derechos fundamentales, porque al final se sabe que no
va a pasar nada", dijo Ramírez.
"Aprendimos cómo cuidarnos"
En este contexto, según los periodistas consultados, algunos comunicadores decidieron irse del estado para evitar riesgos.
En cambio, otros optaron por quedarse y buscan aprender a trabajar en las condiciones locales, así como a superar el miedo.
"Más que miedo, hay muchas cuestiones de incertidumbre porque tienes
que andar cuidándote. El ejercer el periodismo ahora ya es un riesgo,
pero lo seguimos haciendo, no hay miedo. Hay un cierto temor por la
seguridad ya no tanto de uno sino de los familiares también", dijo
Reyes.
"No necesitamos que nadie nos cuide, sabemos que es una profesión de
riesgo y lo asumimos (...) Muchos se fueron y ya regresaron y aquí
siguen trabajando. Esa etapa de miedo ya pasó. Aprendimos cómo
cuidarnos", concluyó Soberanes.
Fuente: CNNMéxico
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