Familiares de tres de las 44 personas arrestadas el martes pasado en Apatzingán, tras enfrentamientos entre civiles y fuerzas de seguridad, acusan que fueron detenidas arbitrariamente y exigen su liberación, informó este jueves el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Michoacán, José María Cázares Solórzano.
Las familias de los detenidos afirman que estos no tienen relación con los hechos que ocurrieron esta semana. Por ello, presentaron quejas ante la CEDH, que a su vez las remitió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) porque los funcionarios señalados por los abusos —soldados y policías federales— son del orden federal, no del local.
"Respecto a las quejas, levantamos tres, que fueron referidas sobre gente que realmente, nos dicen, no tiene nada que ver con la situación tan lamentable que sucedió. Es decir, ellos estaban totalmente ajenos a la toma de la presidencia municipal de Apatzingán", dijo Cázares en entrevista.
"Uno de ellos se encontraba, nos dicen, haciendo compras para el Día de Reyes cuando se lo llevaron. Otro de ellos estaba en un puesto de tacos durante su detención y uno más, nos dicen, estaba trabajando en una juguetería cuando lo detuvieron", agregó el ombudsman michoacano.
La madrugada del martes pasado, civiles armados y fuerzas de seguridad sostuvieron dos enfrentamientos en Apatzingán, un municipio con alrededor de 120,000 habitantes.
El primer choque ocurrió durante un operativo federal para desalojar el palacio municipal, que estaba tomado por los civiles armados antes mencionados. El segundo sucedió horas después.
A raíz de ambos enfrentamientos murieron nueve civiles y 44 más fueron detenidos acusados de acopio de armas. Este miércoles, todos ellos fueron consignados ante un juez en una cárcel de Nayarit.
Cázares dijo al respecto que la CEDH está investigando los hechos y puede recibir más quejas sobre presuntas violaciones a los derechos humanos. Agregó que hasta ahora no ha recibido ninguna relacionada con posibles ejecuciones extrajudiciales de parte de las fuerzas de seguridad.
El miércoles, algunos medios reportaron declaraciones de supuestos testigos que dicen haber visto que los efectivos federales ejecutaron a civiles armados a pesar de que estos ya se habían rendido, una versión que las autoridades rechazan.
Alfredo Castillo, comisionado federal en Michoacán, dijo el mismo día en rueda de prensa que el segundo enfrentamiento —en el que ocurrieron ocho de los nueve fallecimientos— se desató porque un grupo armado emboscó a la policía federal.
La activista Pilar Tavera, de la organización Propuesta Cívica, señaló al respecto que estos hechos reviven el debate de cómo deben actuar las fuerzas de seguridad, en particular en zonas tensas como Michoacán, donde no sólo operan delincuentes sino que se han formado grupos de autodefensa para enfrentarlos.
"El debate está en cómo vamos a controlar el uso de la fuerza en una sociedad que se quiere pensar democrática. Sigue sin haber transparencia en la lógica que siguen estos mandos policiacos, que al mismo tiempo se están enfrentando con grupos armados civiles de los que tampoco hay mucha rendición de cuentas", dijo en entrevista.
Michoacán, en el Pacífico mexicano, es considerado uno de los estados más violentos del país.
Hace casi un año, el 15 de enero de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto nombró a Castillo como comisionado en la entidad, con la tarea de contener a los grupos de autodefensa y detener a los líderes criminales.
Algunos autodefensas han aceptado operar como Fuerza Rural en coordinación con las autoridades, pero otros se niegan a dejar las armas e incluso han sostenido enfrentamientos entre sí. Mientras tanto, el gobierno federal mantiene la persecución de capos como Servando Gómez, la Tuta, cabecilla de Los Caballeros Templarios.
fuente: CNNMéxico
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