Unos 20 funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) son investigados por actos de tortura contra tres mujeres que estuvieron presentes el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, cuando murieron 22 presuntos delincuentes a manos de elementos militares.
Estos servidores públicos, que van desde agentes del Ministerio Público, peritos y agentes de la Policía Ministerial, siguen activos en sus funciones bajo el principio de presunción de inocencia y “con la mejor disposición de colaborar en la investigación”, aseguró este miércoles Alejandro Gómez, procurador del Estado de México.
Los funcionarios son investigados como parte de la recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitida el 21 de octubre de 2014, oficio dirigido a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y a la PGJEM.
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Según la CNDH, las tres mujeres que estuvieron presente en el hecho de Tlatlaya, fueron maltratadas por personal adscrito a la Fiscalía de Asuntos Especiales en Toluca, con la finalidad de que confesaran su relación con algunas de las personas que fallecieron el 30 de junio.
Las personas también fueron torturadas para que omitieran declarar respecto a la forma en la que se había dado la muerte de personas al interior de una bodega en la comunidad de San Pedro Limón, Tlatlaya.
“Una persona incluso le dijo a una de las mujeres que la iban a hacer hablar, porque tenía una forma de hacerlo sin que se notaran los golpes que le iban a infligir".
"Tu hija quedará en un orfanato”, y “allí hacían que hasta los muertos hablaran”, fueron algunas de las expresiones que utilizaron los funcionarios mexiquenses contra las víctimas, menciona la recomendación de la CNDH.
Las tres mujeres refirieron que fueron asfixiadas con bolsas de plástico, les dieron hojas para firmar sin que estuviera un abogado presente y amenazaron con violarlas.
El procurador del Estado de México dijo este miércoles que se ha procedido a atender la indemnización a las víctimas de Tlatlaya, mediante apoyos económicos, becas, atención a servicios educativos y médicos.
José Manzur, secretario general de gobierno del Estado de México, refirió que se realizarán todas las diligencias y entrevistas que sean necesarias para aclarar todos los puntos que sean controvertidos en al actuación de funcionarios de la PGJEM, y en caso de que haya una responsabilidad civil o penal, se actuarán en consecuencia.
El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) dio a conocer este miércoles que ordenó a la PGR revelar las versiones públicas de los peritajes que realizó por el caso Tlatlaya.
El 30 de junio de 2014 el Ejército reportó la muerte de 22 personas en ese lugar. En su primer informe, indicó que esto había ocurrido en un enfrentamiento con presuntos delincuentes, aunque reportajes de la agencia AP y de la revista Esquire cuestionaron esa versión y derivaron en investigaciones oficiales, según las cuales militares cometieron ejecuciones extrajudiciales.
La CNDH emitió una recomendación a la Sedena tras una averiguación en la que determinó que los elementos de las Fuerzas Armadas alteraron la escena del crimen para simular que las víctimas habían muerto en una balacera. A la fecha, siete soldados han recibido orden de formal prisión.
Fuenet: CNNMéxico
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