Mientras
los 11 jóvenes detenidos en la marcha del 20 de noviembre por el caso
Ayotzinapa han sido trasladados a penales federales en Veracruz y
Nayarit, sus padres y organizaciones civiles han denunciado que las
detenciones fueron arbitrarias, con uso desmedido de la fuerza pública y
violaciones a los derechos humanos.
Citallín Andrade, hermana del estudiante detenido Atzín Andrade,
aseguró que su hermano fue detenido simplemente por estar
parado en un lugar al que llegó la policía en el Zócalo, la principal
plaza de la Ciudad de México en la que desembocó la marcha del 20 de
noviembre.
“Mi hermano estaba en la plancha del Zócalo, en el asta bandera.
Estaba esperando a unos compañeros, hablando por teléfono, cuando
empezaron los granaderos a despejar a toda la gente en la explanada con
gases”, explicó Citallín.
De ahí fue detenido más de 12 horas incomunicado, no le permitieron
tener “un abogado de confianza”, además de que “lo patearon y golpearon
en las piernas” mientras que el estudiante de 29 años, del Instituto
Nacional de Bellas Artes, fue detenido en la Procuraduría General de la
República (PGR).
“Como tú o como yo, cualquiera pudo haber estado caminando en la
plancha del Zócalo, y te detienen y te acusan de estos cargos horribles,
parece increíble. Lo golpearon, lo privaron de su libertad, y lo
acusaron y no entiendo cómo puede ser posible esto”, dijo Citallín.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envió visitadores
médicos y abogados a los penales federales Femenil, número 4 de Tepic,
Nayarit, y número 5 de Villa Aldama, Veracruz, para entrevistarse con
las 11 personas consignadas, refirió el organismo este domingo en un
comunicado.
“El propósito de tales entrevistas es verificar las condiciones de
internamiento y de salud de las personas consignadas, además de
supervisar que se permita el acceso a la visita de sus familiares y
abogados, a la que tienen derecho”, dijo la CNDH.
La comisión, por conducto de su tercera visitaduría, dará seguimiento
a la situación de los 11 internos en los centros de reclusión.
Mujeres golpeadas
Un caso similar es el de Tania Damían Rojas, de 21 años, estudiante
de la Universidad Nacional Autónoma de México quien se encontraba a
cinco cuadras del Zócalo cuando fue detenida por elementos de la Policía
Federal, según explicó su padre, Enrique Damián,
“Caminaba por Lázaro Cárdenas, ya de regreso hacia su casa, y
entonces elementos de la Policía Federal les dieron alcance. Se dieron
cuenta que era una cacería de estudiantes, empezaron a levantar
(detener) estudiantes, y mi hija se dio cuenta. Le dieron alcance los
policías federales y la encapsulan a ella y a un amigo con el que iba,
de nombre Hugo García Chávez”, dijo Enrique Damián.
El padre, quien además se presentó como abogado ante la PGR, asegura
que la fiscalía federal primero negó que hubiera detenidos, pero después
de más de un día recién le dieron acceso.
“Veinticinco horas la tuvieron incomunicada. Me permiten pasar a ver a
mi hija; cuando entré a verla (el sábado), la observé con varios
hematomas en los brazos, y un golpe en el párpado derecho a consecuencia
de tortura que se gestó para hacerla firmar una declaración en contra”,
explicó Enrique Damián.
Una de las fotografías tomadas por el padre fueron compartidas en
Facebook sobre el caso de presunta violencia de la policía contra Tania
Damián.
Jesús González, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y
Democracia, aseguró este domingo en una conferencia de prensa que su
organización presentó quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) por la acción policial y judicial.
“Es un operativo totalmente sin control, sin tino, sin una estrategia
clara, que simplemente era golpear a quien estuviera en el paso de los
policías. En ese contexto es en el que se dan las detenciones de las
personas jóvenes que ahora están en los penales de máxima seguridad”,
dijo González en la sede de la organización Cencos.
El abogado Alejandro Jiménez, quien ha sido respaldado por familiares
de los detenidos como su defensor legal, señaló que los arrestos se
trataron de una “detención colectiva” violatoria de tratados de derechos
humanos, que además tiene un mensaje para “desincentivar” las
protestas, siendo un proceso diferente al de 18 detenidos en otra protesta la semana anterior, quienes fueron liberados luego de unas horas de declaración.
“Creemos que está muy relacionado a las amenazas que se hicieron el
día anterior de tolerancia cero y mano dura que dijo el presidente”,
dijo Jiménez en referencia a un mensaje de Enrique Peña Nieto en el que hizo un llamado a la prevalencia de la ley en el contexto de las protestas.
Jiménez afirmó que las autoridades judiciales aún no le permiten acceder a los expedientes.
“No nos han permitido nada de acceso, ni siquiera para hablar con los
defensores públicos. Entonces eso nos ha impedido el poder revocar o
nombrarnos como defensores”, explicó Jiménez, lo que coincide con las
declaraciones de dos padres sobre la negativa
de las autoridades para brindarles acceso al caso.
La defensa espera tener acceso al expediente en el Juzgado 17 de
Xalapa para presentar pruebas antes de que un juez dicte un auto de
formal prisión o de libertad esta semana.
Los detenidos, que enfrentan cargos de motín, asociación delictuosa y
tentativa de homicidio, son Roberto César Jasso Del Ángel, Ramón
Domínguez Patlán, Hugo Bautista Hernández, Atzin Andrade González, Juan
Daniel López Ávila, Luis Carlos Pichardo Moreno, Francisco García
Martínez, Hillary Analí González Olguín, Lilian Garduño Ortega o Liliana
Garduño Ortega y Tania Damián Rojas o Tania Ivonne Damián Rojas.
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