Reparar el daño causado por violaciones a los derechos humanos ha costado al Estado mexicano más de 182.9 millones de pesos, de acuerdo con datos que la Secretaría de Gobernación (Segob)
El monto se ha pagado del Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de los Derechos Humanos, creado por el gobierno federal a finales de 2012 —todavía en el mandato de Felipe Calderón— para cumplir con sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) o con recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Se trata de un fideicomiso vigilado por la Segob e independiente de los fondos de ayuda que maneja la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), diseñados para atender a quienes sufran delitos o abusos sin que tengan que llegar a instancias internacionales.
"Se informa que desde la creación del Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de los Derechos Humanos se ha erogado, por concepto de reparación del daño a víctimas de violaciones a los derechos humanos, un monto total de $182,938,005.73", señala la Segob en uno de los documentos entregados, fechado en agosto.
La secretaría detalla que los pagos se han dividido en cuatro casos —únicamente identificados con las letras A, B, C y D—, que comprenden a 106 víctimas de violaciones a la integridad personal o por pérdida de vida, o bien a sus beneficarios.
El "Caso A", por ejemplo, incluye cinco personas a las que se pagó un total de 422,643.57 pesos, el B tiene dos e implicó un pago de 38,464.80 pesos y el C tiene cuatro a las que se entregaron 3 millones 6,897.36 pesos.
El más amplio es el "Caso D", que abarca 95 víctimas o beneficiarios a quienes se entregaron 179 millones 470,000 pesos.
De las personas comprendidas en este último caso, 42 perdieron la vida —por los que a cada beneficiario se pagaron 3 millones de pesos— y las 53 restantes sufrieron violaciones a su integridad personal.
Sin embargo, en noviembre la Segob rechazó hacer públicos esos datos argumentando que se les considera información confidencial puesto que su difusión podría poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las víctimas o de personas de su entorno cercano.
Además, detalla que algunos involucrados pertenecen a categorías especialmente vulnerables, como menores de edad o poblaciones indígenas y marginales, o enfrentan "una situación de extrema gravedad y urgencia" porque sufren "amenazas y hostigamientos con motivo del reclamo internacional que hicieron ante el sistema interamericano" de derechos humanos.
"Si un tribunal internacional especializado en derechos humanos ha catalogado como víctimas a ciertas personas, el actuar de las autoridades debe, en todo momento, proteger sus intereses y evitar cualquier riesgo potencial a que sus derechos no se vean respetados o satisfechos", señala la respuesta de la secretaría.
"La revelación de dichos datos facilita al solicitante o a cualquier tercero localizar a las víctimas o sus familiares, de manera que se potencializa una situación de riesgo que el Estado está obligado a disuadir en su función de garante de sujetos y grupos vulnerables", agrega el documento.
La situación de los derechos humanos en México ha captado la atención internacional desde 2014, por casos como la presunta ejecución de civiles por parte de militares en Tlatlaya, Estado de México, o la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, presuntamente a manos de policías municipales aliados con narcotraficantes.
Dentro del país, hechos como estos han generado protestas y críticas contra el presidente Enrique Peña Nieto, quien ha prometido acciones para evitar que crímenes así se repitan.
Fuente: CNNMéxico
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