La izquierda y algunas ONG creen que la reforma busca reducir el derecho
a la manifestación, mientras juristas dudan que exista ese riesgo
CIUDAD DE MÉXICO — La
reforma constitucional sobre movilidad que la Cámara de Diputados aprobó
este martes ha causado polémica entre legisladores, ciudadanos y
analistas, en torno a si los cambios que ésta implica posibilitan
limitar o no el derecho a la protesta para dar prioridad al derecho al
libre tránsito. Pero, ¿en qué consiste la controversia?
Por un lado, quienes rechazan la medida argumentan que con ella se
buscará restringir las manifestaciones. Por el otro, los partidarios
afirman que sólo se pretende reconocer como derecho humano el derecho de
los ciudadanos a moverse en los espacios públicos, y juristas del
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), del Tecnológico de
Monterrey y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dudan
que esta minuta conlleve riesgos para las libertades civiles.
Con esta reforma —que aún debe revisar el Senado—, se modifican los
artículos 11 y 73 de la Constitución, para establecer que el Estado
deberá garantizar el derecho de "movilidad universal" para toda persona,
"atendiendo a los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad
y sustentabilidad". Además, se faculta al Congreso a expedir una ley
general en la materia, en los 180 días próximos a la eventual entrada en
vigor de las modificaciones.
Para los partidos de izquierda y algunas organizaciones civiles, esta
reforma abre la puerta a que se cree una legislación secundaria que
restrinja el derecho a protestar, bajo el pretexto de que las
manifestaciones obstruyen el derecho de terceros a moverse con
libertad.
"No debemos perder de vista el proceso legislativo que se inicie en
los próximos seis meses para reglamentar esta reforma constitucional. Es
claro que en el contexto actual prevalece un afán criminalizador de la
protesta social y que se ha dado un uso político al derecho penal y al
sistema de justicia para inhibir su expresión", señaló el Frente por la
Libertad de Expresión y la Protesta Social, en un comunicado emitido la
tarde este miércoles.
El frente está integrado por organizaciones civiles como Artículo 19,
el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh),
Fundar y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia
(IMDHD)
.
La noche del martes, usuarios de redes sociales también expresaron su
preocupación por estos cambios constitucionales, con mensajes que
usaban el hashtag #leyantimarchas.
La aprobación de esta reforma en la Cámara de Diputados y la polémica
que ha generado se producen al tiempo que en varias entidades del país,
especialmente el Distrito Federal, se llevan a cabo marchas en protesta
por temas como la desaparición de 43 estudiantes normalistas de
Ayotzinapa, Guerrero, presuntos abusos policiales y el desempeño del
gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
¿Un riesgo real?
Algunos juristas, sin embargo, advierten pocos riesgos de que esta
reforma sea utilizada para limitar el derecho a la libre manifestación.
Javier Cruz Angulo, del CIDE, señaló que estos cambios a la
Constitución no afectan el derecho a protestar, porque éste se encuentra
en el artículo 9 de la Carta Magna, el cual no fue modificado.
"La iniciativa de reforma que ayer (martes) se aprobó en la Cámara de
Diputados en principio no presupone ningún tipo de limitante al derecho
a al protesta. Me explico: el derecho a la protesta está consagrado
específicamente en el artículo 9 constitucional, que dice las bases en
las que uno se puede manifestar, protestar, y lo único que solicita es
que sea de manera pacífica", dijo en entrevista.
Vicente Fernández, del Tecnológico de Monterrey, coincidió con ese
punto de vista y agregó que, incluso sin esta reforma, la Constitución
actualmente ya permite que se regulen las manifestaciones, como se ha
intentado hacer en entidades como el Distrito Federal.
"No creo que la intención de esta reforma constitucional sea poner
una base para de ahí reglamentar las marchas o restringir las marchas,
puesto que así como está la Constitución hoy en día no hay un
impedimento legal o jurídico para reglamentarlas", dijo en entrevista.
Los motivos de la reforma
Los cambios a la Carta Magna fueron apoyados por el gobernante
Partido Revolucionario Institucional (PRI), su aliado el Partido Verde
Ecologista de México (PVEM) y el Partido Acción Nacional (PAN), bajo el
argumento de que con ellos se busca que la movilidad sea reconocida como
un derecho humano y que el Estado deba tomar medidas y políticas
públicas para garantizarlo, como la construcción de infraestructura y la
regulación vehicular y peatonal.
Este planteamiento, impulsado por el panista Marcos Aguilar,
considera que "el derecho a la movilidad no pugna con el ejercicio de
otros derechos fundamentales, tales como el derecho de reunión, la libre
manifestación, la libertad de expresión y la protesta social", y que
"quienes viven y transitan en las grandes ciudades tienen el mismo
derecho de utilizar el espacio público, que el que tiene las personas
que ejercen el derecho a la libre expresión y reunión en el marco de una
manifestación", según la minuta enviada al Senado.
Al respecto, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta
Social advirtió que estará atento a la ruta que siga este tema y que, si
la reforma se aprueba, llamará al Congreso a evitar aprobar una ley
secundaria que incluya "cualquier disposición que busque inhibir los
derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación".
Francisco Burgoa, de la UNAM, señaló que incluso si en esa norma se
trataran de incorporar restricciones al derecho a la protesta, esa
situación favorecería que la legislación fuera impugnada ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mediante una acción de
inconstitucionalidad o un amparo.
"Las reformas deben atender a los principios de derechos humanos, y
toda reforma constitucional en materia de derechos humanos debe tener un
espíritu progresivo, no regresivo. Esperemos que la eventual ley
reglamentaria de este derecho a la movilidad de ninguna forma vaya a
restringir el derecho a la libre manifestación", dijo en entrevista.
Cruz Angulo también se pronunció por vigilar la elaboración de esa
eventual legislación reglamentaria, aunque estimó "difícil” que una
norma vaya a frenar por sí sola las marchas en el país.
"Sería un poco escandaloso pensar que una reforma legal va a detener
una marcha de 40,000 personas. Me parece difícil pensar que una reforma
legal va a detener la voluntad de 40,000 personas de caminar por las
calles por una causa", dijo.
Fuente: CNNMéxico
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